
En un golpe contundente contra las mafias transnacionales de la salud, una
operación conjunta liderada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de
la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo estratégico de la Policía
Nacional y el Ejército de Colombia, logró el desmantelamiento de una
poderosa red delincuencial en la ciudad de Cúcuta.
La organización se dedicaba a la falsificación, adulteración y venta ilícita de
medicamentos de alta complejidad, cuyos principales destinos de
contrabando eran Venezuela y Ecuador.
De acuerdo con los reportes oficiales, la estructura criminal operaba desde
la capital de Norte de Santander y utilizaba plataformas online y la
aplicación de mensajería WhatsApp como sus principales herramientas de
captación de víctimas, evadiendo así los controles sanitarios fronterizos.
Edison Darío Betancurt Chacón, director seccional de Fiscalías en Norte de
Santander, ofreció detalles alarmantes sobre el modus operandi y el alcance
de la organización, advirtiendo el grave peligro al que estuvieron expuestas
miles de personas con patologías crónicas y terminales.
“Es una red delincuencial señalada de poner en riesgo la salud de la
ciudadanía a través de la comercialización de medicamentos falsos,
adulterados o vencidos, que ofrecían como si estuvieran en buenas
condiciones para tratar enfermedades de alta complejidad, como cáncer,
VIH, lupus y diabetes, entre otras”, declaró el alto funcionario.
Los implicados adquirían los insumos vencidos o desincorporados,
alteraban sus fechas de caducidad, empaques y sellos de seguridad, para
luego reintroducirlos en el mercado internacional a precios de alta gama,
lucrándose de forma millonaria a expensas de la desesperación de los
pacientes.
La acción militar y policial permitió la detención de 13 personas que
cumplían diferentes roles logísticos, financieros y de distribución dentro de la
red. Las autoridades identificaron a los procesados como Domingo Antonio
Gutiérrez (señalado como el presunto cabecilla de la estructura legal), María
del Carmen González, Leonardo André Pineda Galvis, Miller Sáenz
Valderrama, Johan Alexis Pérez Acevedo, Diana Carolina Ordoñez García,
Jairo Andrés Sarabia Pérez, Miguel Ángel López Ordoñez, Jeimmy Carolina
Sandoval Hoyos, Patricia Parra Díaz, Gerson Yovanni Leal García,
Robinson David Corredor Díaz y Andrea Mariana Valenzuela Sevilla.
Tras las capturas, el bloque acusador de la Fiscalía presentó a los 13
detenidos ante un juez de control de garantías en la ciudad de Cúcuta para
la respectiva legalización de los procedimientos y la imputación de cargos.
Dependiendo del grado de responsabilidad y participación individual
establecido en las bitácoras del CTI, los procesados enfrentan una robusta
batería de cinco delitos, los cuales no fueron aceptados por ninguno de los
señalados durante la audiencia preliminar: Concierto para delinquir,
enajenación ilegal de medicamentos, usurpación de derechos de propiedad
industrial, usurpación de derechos de propiedad intelectual y corrupción de
productos médicos.
El juez dictaminó la continuidad del proceso penal mientras se definen las
medidas de aseguramiento privativas de libertad.
Las autoridades colombianas informaron que mantendrán el intercambio de
alertas tempranas con las policías de Venezuela y Ecuador para rastrear los
lotes de medicamentos alterados que lograron cruzar las fronteras y evitar
posibles desenlaces fatales en los consumidores.
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